¿Debe, realmente, ser considerada la muerte medicamente asistida como un delito?

Dr. Héctor A. Mendoza C.

Dra. Asunción Álvarez del Rio.

Junio de 2012

 Artículo publicado como Editorial en el Colegio de Bioética, A.C.

El reciente caso de la canadiense Gloria Taylor, así como la resolución emitida por la Juez Lynn Smith sobre el mismo,  es altamente ilustrativo al respecto.

La Juez Smith calificó como discriminatoria la legislación canadiense que prohíbe ayudar a suicidarse a un paciente mentalmente competente que padece una enfermedad que le causa un sufrimiento intolerable. El argumento central es que si en Canadá el suicidio no es castigado, no debería serlo el hecho de auxiliar a alguien a suicidarse.  Visto así, razona la juez, el impedir que alguien asista a otro  a suicidarse- quién por sí mismo no puede lograrlo-, se convierte en un acto discriminatorio que va en contra del Acta Canadiense de los Derechos de la Persona.

Cabe señalar que la palabra suicidio contiene en sí misma una carga negativa. De hecho, tanto en Estados Unidos como en Canadá, los partidarios del suicidio médicamente asistido prefieren denominarlo “Aid in Dying“, que se puede traducir como “ayuda para morir”. La propia Gloria Taylor dijo en una entrevista que le gustaría que la gente dejara de hablar de suicidio, ya que en su opinión, no se trata de que alguien la ayude a suicidarse, sino de que alguien la ayude a tener una muerte en paz (“to die a peaceful death”)

La señora Taylor es una canadiense radicada en Columbia Británica quien padece padece esclerosis lateral amiotrófica[1] y demandó se le permitiera recibir ayuda para suicidarse cuando el avance de su enfermedad le haga considerar preferible morir. El argumento en que se basa su demanda es que las personas que padecen una enfermedad terminal y tienen control sobre sus movimientos, pueden disponer de su vida, ya que el suicidio no está penado en Canadá. Las personas que no tienen ese control no pueden hacerlo, lo cual es una restricción a sus derechos.

La señora Taylor sabe que en un futuro se encontrará completamente discapacitada, por lo que, si no tiene la certeza de que van a ayudarla, tendría que terminar con su vida mucho antes de lo que realmente desea. Esto impone una presión indeseable en una persona que lo que quiere es saber que, llegado el momento, puedeescoger o no morir así.

En este sentido, el prohibir la asistencia al suicidio hace que los fines del derecho se tergiversen  ya que convierten a éste en un medio de discriminación y en un instrumento que causa daño a personas en situaciones similares a las de la señora Taylor.[2] Cabe aclarar que la decisión de la Juez consistió en ofrecer a la señora Taylor una excepción constitucional. Es decir, la posibilidad de contar con la ayuda de un médico para terminar con su vida si ella así lo decide y, para el médico, la seguridad de no ser sancionado por eso.  Al mismo tiempo, la juez estableció una moratoria por un año, a fin de que el parlamento canadiense discuta sobre el tema y modifique la legislación actual.

Mediante esta decisión, la Juez Smith deja claro que la disposición penal actual que criminaliza la muerte medicamente asistida, viola el principio de igualdad y atenta contra la libertad de una persona con discapacidad que quiere suicidarse, ya que en ausencia de esa discapacidad, esa persona podría hacerlo sin sanción o castigo alguno.  Es interesante señalar que en Canadá, una de las principales razones que se dan para no permitir la eutanasia o el suicidio medicamente asistido es evitar que se discrimine y atente contra las personas físicamente discapacitadas que son personas vulnerables y se verían presionados a solicitar ayuda para morir si esta fuera legal. Lo cierto es que esta idea no se ha apoyado en datos fehacientes; por el contrario, en los lugares en que se permite la muerte medicamente asistida queda demostrado que esto no sucede.

La decisión de la Juez Smith es ejemplar en el sentido de mostrar el aspecto que este razonamiento ignora, es decir que las personas físicamente discapacitados no están impedidas para tomar decisiones tan importantes como es decidir la forma y el momento de morir. Ignorarlo, eso sí, es una forma de discriminación.

La situación en Canadá está lejos de haberse resuelto. Aproximadamente un mes después de que la Juez Smith emitiera su resolución, el Ministro de Justicia Rob Nicholson declaró que el Gobierno Federal recurrirá a la Corte de Apelación ya que considera que la prohibición del suicidio asistido sí es constitucional. Esto significa que el debate sobre el tema continuará y posiblemente llegue a la Corte Suprema de Canadá.[3]

A modo de reflexión tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasaría si extrapoláramos esta situación a México? Nuestra constitución -en su primer artículo- prohíbe cualquier acto de discriminación derivado de discapacidades o condiciones específicas de salud cuyo objeto sea anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Si siguiéramos los argumentos de la Juez canadiense, resulta evidente que tanto la ley general de salud, como los diferentes códigos penales de nuestro país, resultan ser anticonstitucionales.

Aun así, no estamos seguros si este sería el razonamiento más convincente para revisar la legislación mexicana actual con relación a la muerte medicamente asistida. Seria indeseable que se concluyera que solo los enfermos que sufren de discapacidad física tendrían derecho a recibir tal ayuda porque los demás sí podrían suicidarse. Esto llevaría al mismo problema, obligar a muchos enfermos a ocuparse de su muerte cuando todavía querrían ocuparse de tratar de curarse o de seguir viviendo, o discriminar a quienes no tienen una discapacidad física, pero tampoco la posibilidad de una muerte segura y sin dolor si eso quisieran.

Lo que sucede actualmente en Canadá requiere una reflexión bioética que también se necesita en nuestro país. Sería muy interesante que llegara a la Suprema Corte de Justicia un caso equivalente al de la Señora Taylor, porque ayudaría a desarrollar el debate sobre la muerte medicamente asistida con una idea clara de lo que se juega en esta opción de terminación de vida. Esto es, que una persona que padece una enfermedad que le causa o le causará un sufrimiento intolerable cuente con la certeza de que, si es necesario, tendrá la ayuda (profesional) para elegir cómo y cuándo morir.


[1] La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Surge cuando las células del sistema nervioso denominadas motoneuronas disminuyen su funcionamiento y mueren, lo cual provoca una parálisis muscular progresiva cuyo pronóstico es mortal. Cabe señalar que las funciones cerebrales no relacionadas con la actividad motora, como la sensibilidad y la inteligencia, se mantienen completamente inalteradas.

[2] Algo similar le sucede a Terry Pratchett, un exitoso escritor británico diagnosticado en 2007 con la enfermedad de Alzheimer. Desde entonces, se ha dedicado a investigar y apoyar el suicidio asistido, prohibido en su país. Sabe que puede ir a la clínica Dignitas en Suiza a recibir ayuda para suicidarse, pero debe hacerlo mientras esté mentalmente capacitado. Pratchett ha argumentado que le parece cruel tener que enfrentarse a la decisión de privarse de la vida, cuando aún puede disfrutarla, por saber que no contará con la ayuda para hacerlo una vez avanzada la enfermedad.

[3] Cabe mencionar que esta discusión se retoma después de casi 20 años de la histórica resolución derivada del asunto Rodríguez v. British Columbia. Sue Rodríguez, originaria de Manitoba pero radicada en Victoria, B.C., fue una persona con el mismo padecimiento de Gloria Taylor, a quién, contrario a lo que ahora acontece, no se le permitió contar con la ayuda de un medico para terminar con su vida. En 1994, Sue finalmente se quitó la vida asistida por un médico, cuyo nombre hasta ahora permanece en el anonimato. Quizá la gran diferencia entre ambos casos, es que actualmente se cuenta con datos provenientes de diversos lugares en los que sí es permitido apoyar a este tipo de pacientes, lo que en nuestra opinión ha contribuido a desmitificar este tipo de asistencia para morir dignamente.